Unas semanas atrás Greenpeace escrachó al Gobernador del Chaco Jorge Milton Capitanich denunciando que no respetaba la Ley de Bosques.
Entre otras cosas señalaron que el Gobierno quería blanquear, o sea «perdonar», todos los desmontes ilegales ocurridos en los últimos 13 años.
Pero, ¿Cómo quiere llevar adelante esto el Gobierno del Chaco?
La Ley de Bosques prevé que cada 5 años se actualice el mapa del ordenamiento territorial de bosques. Esto se basa sobre el inventario forestal, o sea un mapa que incluye todos los bosques de la Provincia.
El primer paso debe ser comparar el inventario del 2009 con el inventario actual, o sea – metafóricamente – la «fotografía» de cómo eran los bosques y como son hoy y buscar las diferencias: lo que aparece en el viejo inventario y no se encuentra en el nuevo inventario, representa a los bosques que se han perdidos en estos años.
Ahora bien, según la Ley, la Dirección de Bosques tiene el deber de decir cuáles de estos desmontes tenían un permiso, y cuáles no. Lo que se desmontó sin permiso, o sea ilegalmente, debe recuperarse.
Y ahí está la trampa: el Gobierno nunca aclaró con precisión cuáles eran las superficies desmontadas con permiso, un dato que se sigue pidiendo formalmente desde el 2019 sin conseguir respuestas exhaustivas, pese a todas las leyes sobre la información ambiental y pública. Se ha conseguido tener la ubicación de los permisos, pero las autoridades nunca mostraron las verdaderas superficies “de trabajo” de los desmontes.
Haciendo un análisis en la zona «amarilla» (cat.II en la Ley 26.331), al oeste de Miraflores y al norte de Los Frentones, se puede notar como los desmontes ilegales (en negro en el mapa de arriba) son aproximadamente unos 30.000 hectáreas, mientras que los desmontes con permisos (en violeta en el mapa), son otros 30.000 hectáreas. O sea el 50% de los desmontes ocurrió por fuera de la Ley.
Pese a esto el Gobernador firmó una nueva propuesta de ordenamiento territorial, el decreto 2157/22, en la que se pasa todos estos bosques a zona «blanca» (tierras sin bosques en la Ley 26.331), o sea literalmente blanquea a los desmontes ilegales.
Los famosos casos de Paganini en Fuerte Esperanza, de la H Primo S.A. al norte de Los Frentones o de Martignone en Castelli, quedarían «legalizados» en contra de lo que establece la Ley.
El caso H Primo involucra personalmente a la familia del ex-intendente de Los Frentones Orestes Paoletti, a su vez socio en los negocios de Ana Victoria Hupaluk, dueña de la carbonera AEFOCH, y al ex-director de Bosques de la Provincia, Miguel Angel López, nombres que figuran en otros casos paradigmáticos de desmonte y apropiación indebida de tierra investigados en los años pasados por el abogado Rolando Nuñez, del Centro Nelson Mandela.
Nicolás Martignone, es hermano de Agustin Martignone, gerente de la MSU (Manuel Santos de Uribellarea) el segundo pool de siembra de soja más grande del País, empresa que, por otro lado, alquila las tierras que la Provincia ha dado a la familia Hupaluk.
Es por esto, entre otras cosas, que integrantes de Somos Monte Chaco decidieron denunciar penalmente a los funcionarios responsables.
