Los concejales Gabriela Gauna y Fabián Nieves presentaron un proyecto de ordenanza para aplicar la ficha limpia en la ciudad de Corrientes. La iniciativa propone inhabilitar a personas que tengan condena judicial en segunda instancia por delitos para ocupar cargos públicos.
La iniciativa, en el marco de un movimiento nacional impulsado por la Coalición Cívica ARI, apunta a inhabilitar a personas que tengan condena judicial por delitos para ocupar cargos públicos. Las condenas en segunda instancia, aun cuando no estén firmes, gozan de presunción de certeza y legitimidad en virtud de haber sido dictadas por un tribunal competente, conforme a derecho y con todas las garantías del debido proceso. “Es una barrera republicana para evitar que los corruptos lleguen al poder”, aseguraron.
El concejal Fabián Nieves, uno de los impulsores del proyecto, explicó: “No se le permitirá ejercer cargos públicos en el Ejecutivo Municipal, Tribunales de Faltas y Concejo Deliberante a quienes se encuentran condenados por delitos contra la administración pública. Se busca mejorar los criterios de idoneidad moral y política de quienes ejercerán la función pública”.
La iniciativa establece la inhabilitación para ocupar los cargos Municipales de Secretario, Subsecretario, Director, Subdirector, Coordinador, y cualquier área de planta política que se cree en el futuro, para aquellas personas que se encuentren condenadas por corrupción y fraude a la administración pública, delitos contra la propiedad, contra la integridad sexual y femicidios, entre otros delitos. Asimismo se incluyen a los deudores alimentarios.
Nieves remarcó que “estamos para cuidar de los dineros públicos, honrar la representación que nos delega cada ciudadano, cumplir con el mandato de custodiar el interés general”. “Es una barrera republicana para evitar que los corruptos lleguen al poder. La política no puede ser el resguardo de la impunidad”, agregó.
Por su parte, la concejal Gabriela Gauna aseveró que “representar exige e implica honestidad y transparencia de quien se compromete con la cosa pública, los delitos de corrupción son atentados contra el sistema democrático y no podemos permitir que eso ocurra en nuestra ciudad”.
La edil remarcó además que se trata de “una iniciativa que tenemos como partido a nivel nacional y que surgió de una demanda ciudadana para recuperar la confianza en sus representantes”.
“La sociedad está cansada de que la política sea una guarida de quienes violan la ley, en vez de ser un servicio a la comunidad, y esta es una herramienta para no permitir que eso ocurra”, añadió Gauna.
La medida inhabilita a los secretarios, jueces de faltas, subsecretarios, directores y toda la estructura jerárquica municipal, ya que para concejales e intendentes la Constitución de la Provincia en su artículo 224 establece que, una vez procesados, quedan inmediata suspendidos y separados del cargo ante una condena.
El presidente de la CC-ARI Corrientes, Hugo Calvano, comentó que “esta es una campaña que impulsamos desde el partido en legislaturas y concejos deliberantes de todo el país”. “Buscamos garantizar la aptitud moral y ética de los funcionarios e inhabilitar el ejercicio de la función pública ciudadanos que hayan sido condenados a pena privativa de libertad”.
Asimismo, adelantó que “vamos a impulsar ficha limpia en los Municipios del interior con nuestros referentes y concejales, además vamos a juntar firmas para que la Legislatura avance con la ficha limpia en todo el territorio provincial”.
Cabe destacar que desde la CC-ARI a nivel nacional se impulsa una campaña digital, con charlas y encuentros de información y concientización para que se avance en distintas ciudades con la medida. Tanto en el Congreso de la Nación como en la Legislatura porteña, se presentaron proyectos similares, pero fueron rechazados por el kirchnerismo. No obstante, ya fue aprobado en Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy y San Juan, como así también en algunos municipios como Tres de Febrero y San Isidro. La iniciativa nació en Brasil, donde ya rige, al igual que en Chile, Uruguay, México, Perú, Honduras y España, entre otros países.
