La Presidenta del PRO, Patricia Bullrich, realizó declaraciones en las cuales expresa su completa adhesión al proyecto presentado por el Diputado Nacional Francisco Sánchez, de la provincia de Neuquén, quien solicita al Poder Ejecutivo, que informe sobre el proceso judicial que culminó con la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, provincia de Rio Negro, que declaró mal concedidos los recursos interpuestos contra la sentencia que ordena al Estado Nacional a ceder 180 hectáreas pertenecientes al Ejército Argentino a la comunidad Lof Millalonco Ranquehue.
Entre los fundamentos del proyecto, el Diputado Sánchez solicita que se detallen los pormenores de ésta decisión. A su vez en su desarrollo informa que en la causa iniciada por dicha comunidad mapuche, la jueza federal Silvina Domínguez, les dio la razón y ordenó al Poder Ejecutivo, que transfiera al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a los efectos de su adjudicación en propiedad a la Comunidad.
A su vez se señala que los letrados por parte del Ministerio de Defensa, incurrieron en mala praxis con grave perjuicio al Estado Argentino, porque interpusieron el recurso fuera de término. Posteriormente los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, Mariano Roberto Lozano y Richar Fernando Gallego, decidieron declarar mal concedidos los recursos que había presentado el Estado Mayor del Ejército Argentino, en la que se procuraba dejar sin efecto la sentencia dictada por la jueza Domínguez.
Los hechos no son casualidad, como que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) haya actuado con una inusual celeridad para reconocer la personería de la Comunidad, y que además haya tenido por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral dispuesto por el artículo 3º de la ley 26.160, reconociendo a su vez la posesión de un terreno que ocupan hace muy poco tiempo. Muchos ciudadanos ven con asombro como ciertos grupos de autodenominados pueblos originarios se hacen de tierras con la complicidad del Estado.