Mientras el mundo realizaba esfuerzos para proteger la vida de sus ciudadanos del COVID-19, un grupo de 18 países mantuvo las ejecuciones de personas durante 2020. Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la pena de muerte, donde puede observarse que, si bien se mantiene una tendencia general hacia la disminución de la pena capital, algunos países la mantuvieron o incluso aumentaron las ejecuciones.
Ejecuciones en el mundo
Entre los países que llevaron a cabo ejecuciones en 2020 se encuentra Egipto, que triplicó su cifra anual respecto al año anterior. Al menos 23 personas habían sido condenadas a muerte por violencia política tras juicios injustos, empañados por “confesiones” forzadas, tortura y desaparición forzada.
China ejecutó al menos un hombre en el marco de su decisión de castigar delitos relacionados con las medidas de prevención del COVID-19.
Estados Unidos, el único país de América donde hubo ejecuciones en 2020, aplicó la pena de muerte a 17 personas. El gobierno del ex presidente Donald Trump la reanudó a nivel federal después de un paréntesis de 17 años, con la alarmante cifra de 10 en menos de seis meses.
Las restricciones relacionadas con el COVID-19 tuvieron preocupantes repercusiones en el acceso a la asistencia legal y en el derecho a un juicio justo en varios países, entre ellos Estados Unidos, donde abogados y abogadas de la defensa dijeron que no habían podido realizar trabajo fundamental de investigación o reunirse en persona con sus clientes.
India, Omán, Qatar y Taiwán también las reanudaron.
“La crueldad de ciertos Estados queda expuesta en el marco de un enorme esfuerzo colectivo por proteger la vida de las personas de un virus que ya mató a casi tres millones en el mundo. La pena de muerte es un castigo intolerable”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Los cinco países que más ejecuciones realizaron
China clasifica todas sus ejecuciones y condenas a muerte como secreto de Estado e impide el escrutinio independiente. Por lo tanto, las cifras analizadas por Amnistía Internacional no incluyen las realizadas en ese país. Sin embargo, se cree que la nación asiática ejecuta a miles de personas cada año, lo que convierte una vez más a China en el mayor verdugo, por delante de Irán (246), Egipto (107), Irak (45) y Arabia Saudita (27). Estos últimos tres países llevaron a cabo el 88% de todas las ejecuciones de las que se tuvo conocimiento en 2020.
El derecho y las normas internacionales prohíben el uso de la pena de muerte para delitos que no implican el homicidio intencional. Sin embargo, fue utilizada para delitos de drogas en China, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, por corrupción en China y Vietnam, y por blasfemia en Pakistán. En Bangladesh y Pakistán se impusieron condenas a muerte en tribunales establecidos mediante legislación especial y que normalmente utilizaban procedimientos diferentes de los empleados por los tribunales ordinarios. En Maldivas seguían condenadas a muerte cinco personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometerse el delito.
Las ejecuciones alcanzan su cifra más baja de la década
A nivel global, al menos 483 personas fueron ejecutadas en 2020 (sin contar a los países que clasifican los datos sobre pena de muerte como secreto de Estado, o sobre los que existe información limitada: China, Corea del Norte, Siria y Vietnam). Por escalofriante que resulte esta cifra, es el número más bajo registrado por Amnistía Internacional en al menos una década. Representa una disminución del 26% respecto a 2019, y del 70% desde el máximo de 1.634 ejecuciones alcanzado en 2015.
Las ejecuciones registradas en Arabia Saudita disminuyeron un 85%, de 184 en 2019 a 27 en 2020, y se redujeron en más de la mitad en Irak, de 100 en 2019 a 45 en 2020. No se registraron en Bahréin, Bielorrusia, Japón, Pakistán, Singapur o Sudán, países que sí las habían llevado a cabo en 2019.
El número de condenas a muerte de las que se tuvo noticia que se habían impuesto en todo el mundo (al menos 1.477) también disminuyó un 36% respecto a 2019. Amnistía Internacional registró disminuciones en 30 de 54 países. Estas disminuciones parecerían estar relacionadas con retrasos de los procedimientos judiciales, debidos a la pandemia.
Las excepciones notables fueron Indonesia, donde las condenas a muerte registradas en 2020 (117) aumentaron un 46% respecto a 2019 (80), y Zambia, que en 2020 impuso 119 condenas a muerte, 18 más que en 2019 y la cifra más alta registrada en el África subsahariana.
Es hora de abolir la pena de muerte
En 2020, Chad y el estado estadounidense de Colorado abolieron la pena de muerte, Kazajistán se comprometió a abolirla de acuerdo con el derecho internacional, y Barbados concluyó las reformas para derogar la pena de muerte preceptiva.
Hasta abril de 2021, 108 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 144 la anularon en la ley o en la práctica.
“Instamos a los dirigentes de todos los países que aún no han derogado esta pena que conviertan 2021 en el año en que pongan fin para siempre a los homicidios autorizados por el Estado. Seguiremos haciendo campaña hasta que la pena de muerte quede abolida en todas partes, de una vez por todas”, concluyó Mariela Belski.
